Ley Fátima. La abogada titular del caso, Ana Katirira Suárez, denunció que 11 Ministerios Públicos no atendieron a la familia en el momento de la denuncia, ni el DIF que estaba enterado de los hechos de violencia.
El pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Fátima, la cual surgió tras el feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighetti. El 11 de febrero de 2020, Sonia López recibió una llamada en la que mencionaron que su sobrina estaba desaparecida, por lo que su familia acudió a la fiscalía regional para realizar una denuncia. Sin embargo, está no se efectuó, entre los argumentos formulados fue que tenían que pasar 72 horas para iniciar la búsqueda.
Así como lo informó Factor Nueve, según el testimonio de su tía, las autoridades atribuyeron la desaparición de la menor a un problema familiar. Ante la falta de acción, su familia inició una búsqueda e hicieron un cartel con la fotografía de Fátima Cecilia y tapizaron las calles de Tulyehualco en la alcaldía Xochimilco. Fueron sus familiares quienes consiguieron los videos de todas las cámaras de seguridad, así fue como se enteraron que una mujer se la había llevado de la primaria en la que estudiaba.
Fátima sólo tenía 7 años cuando el 16 de febrero de 2020 la encontraron abandonada y sin vida. En el caso no sólo se inculpá a Giovana “N” y a Mario Alberto “N”, sino a seis servidores públicos por falta de cumplimiento con el caso. A través de la Ley Fátima, se establece la obligatoriedad de capacitación con perspectiva de género de las y los servidores en todos los niveles de gobierno, especialmente en la atención de denuncias.
En ese entonces, la abogada titular del caso, Ana Katirira Suárez, denunció que 11 Ministerios Públicos no atendieron a la familia en el momento de la denuncia, ni el DIF que estaba enterado de los hechos de violencia que existía al interior de la familia de la menor.
Con una votación unánime de 449 expresiones a favor, las y los diputados reunidos en el pleno de la Cámara aprobaron la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que permitirá visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan niñas y mujeres del país en el momento de tener que ser atendidas por funcionarios sensibilizados en materia de género.
Principalmente se hizo una adición al primer párrafo del Artículo 7, el cual advierte que una de las problemáticas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia, es ser revictimizadas por los servidores públicos al momento de levantar su denuncia y que esta maña práctica nulifica la correcta enunciación y visibilización de hechos de esta naturaleza.
La mayor crítica del caso de Fátima, fue que en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de CDMX no hubo ejercicio de la acción penal contra los trabajadores de la escuela Rébsamen, donde la menor estudiaba, por falta de elementos. Al igual, no consideraron la edad de la menor para iniciar su búsqueda. Aunado a ello, antes de la desaparición, la familia había solicitado al DIF que acudiera a la casa de la pequeña de 7 años por la violaciones de las que era víctima el hermano.
A pesar de lo sucedido con Fátima, los casos de feminicidio no cesan, pues de enero a marzo de 2022, en México se cometieron 229 feminicidios, de acuerdo al nuevo informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
