La obra mayestática y tan esperada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tren Maya, prevista para inaugurarse a finales de 2023, ha estado rodeada de polémicas por su impacto ambiental, sus riesgos geológicos y para la población cercana al ferrocarril.
Para empezar, según un artículo de la organización Greenpeace, publicado en 2020, dicha obra no cuenta con la aprobación de varios sectores sociales, entre ellos de la comunidades que se verán directamente afectadas, ya que que no se le ha informado debidamente sobre sus impactos ambientales.
“De continuar el proyecto estaría en riesgo la salud y al vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”, publicó la ONG.
Si bien, las dependencias a cargo del proyecto han asegurado que no habrá daños ambientales al construirse sobre vías férreas; un informe técnico que realizó la Cámara de Diputados en septiembre de 2019 dio a conocer que no hay información suficiente para establecer un grado del daño medioambiental, pero de acuerdo con su análisis, las afectaciones que podría presentar serían la pérdida de vegetación por el desmonte y despalma, así como la pérdida de productividad del suelo a causa.
“Al constituir una división artificial, como lo es la vía del tren, podrían interrumpirse los corredores biológicos naturales de especies que transitan en los diversos tramos de la ruta. Surgimiento de asentamientos regulares e irregulares poblacionales”, refirió el informe.
Hay que recordar que el Tren Maya recorrerá una distancia de unos mil 500 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese contexto, también la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Actuarios de México (AZCARM) se ha pronunciado en contra del plan, pues en 2020 aseguró que pondría en peligro a 18 especies como el mono araña, jaguar y ocelote.
Estimaron que en la península de Yucatán, Oaxaca y Chiapas hay alrededor de mil 800 ejemplares de jaguar, preocupación que también ha compartido el presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, Gerardo Ceballos.
De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental, solicitado por El CEO, vía solicitud de tranaparencia, en la megaobra se prevén programas de conservación en la zona con recursos que suman 21.6 millones de pesos, es decir, apenas el 0.015 por ciento del costo total del proyecto.
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TRES TRAMOS TIENEN 75% DE RIESGOS GEOLÓGICOS
Con información de Expansión Política, de Mérida a Cancún se ha detectado roca caliza y una probabilidad del 75 por ciento de riesgo en los tramos más complicados, situación que se encuentra en Golfo 3 (Tramo 4), Caribe 1 (Tramo 6) y Selva 2 (Tramo 7).
En caso de presentarse, existe un 95 por ciento de probabilidad de que tenga un alto impacto en el calendario del proyecto con un retraso de 12 meses. A su vez, se tiene el mismo porcentaje de ocurrencia de que al haber dichos problemas en el terreno, haya un sobrecosto de 20 por ciento.
Mientras que en el resto de los tramos existe una posibilidad de 25 por ciento de encontrar fallas geológicas que puedan aumentar el tiempo de construcción por cinco meses y un alza en el costo de 10 por ciento.
COMUNIDADES OBTIENEN RECURSO LEGAL PARA FRENAR OBRAS
En 2020, las comunidades indígenas del sureste mexicano obtuvieron un recurso legal para frenar las obras nuevas del segundo tramos del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, Campeche.
En ese entonces, los pueblos originarios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo recibieron una suspensión mientras se resolvía un amparo de julio contra el proyecto, según la asociación Indignación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.
Para todo esto, la coordinadora residente interina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Belén Sanz, ha asegurado en reiterada ocasiones que el proyecto del gobierno mexicano “se alinea de un modo muy claro con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”.
TREN MAYA EXPROPIARÁ MÁS DE 100 INMUEBLES PARA TRAMO 5
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó este lunes que el Tren Maya fue declarado de utilidad pública, por lo cual se podrá expropiar 198 inmuebles en Quintana Roo y que comprenden los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.
De acuerdo con la declaración difundida en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la superficie que abarca los terrenos a expropiar es de 2 millones 410 mil 107.72 metros cuadrados, correspondientes al Tramos 5 Norte del ferrocarril.
Hace unos días, el Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaria de Gobernación (Segob) negociaron con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya un nuevo trazo de este tramo para así no afectar la infraestructura hotelera con la compra de terrenos, que alcanzaría un costo al erario de mil millones de pesos.
Por lo anterior y otros retrasos, se relevó a Rogelio Jiménez Pons del Fonatur por Javier May, quien se desempeñaba como titular de Bienestar. Cabe recordar que el pasado 8 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó a la Sedatu comenzar con las gestiones para la adquisición, por cualquier razón legal, de los 198 terrenos requeridos para la ejecución del tramo mencionado.
