Gobierno mexicano ofrece disculpas públicas por haber encarcelado a un joven discapacitado durante 4 años por un delito que no cometió, ¿es un paso para mirar a las cárceles mexicanas?
Arturo Medina Vela, un joven que padece una discapacidad sicosocial, pasó cuatro años en prisión por un delito que no cometió. A lo que el gobierno mexicano ofreció una disculpa, y fue el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas el encargado de aceptar la responsabilidad.
Ante la presencia del agraviado, sus representantes legales y su familia, el funcionario público, reconoció el error, y comentó que es la primera vez que se hace un acto de responsabilidad internacional así para personas con discapacidad. Por lo cual es un hecho con gran relevancia para México.
Esta es la primera vez que se emite un dictamen por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad.
“Es un llamado urgente para que cientos de miles de personas con discapacidad tengan garantía de acceso a la justicia”, dijo Encinas en la ceremonia realizada en instalaciones de la Segob.
“A nombre del gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna, por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia”, comentó Encinas.
Además agregó:
“Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década”.
Encinas comentó que este es un llamado para la ONU, y así en México se atiendan los casos de miles de personas que tienen alguna discapacidad y no cuentan con la plena garantía para acceder a la justicia. Por lo cual, la Segob se encargará del acompañamiento a las víctimas para garantizar que se respeten sus derechos.
Además, aseguró que la ONU solicitó a México comenzar con transformaciones para mejorar la justicia en el país.
“Por lo cual, el compromiso que asumimos es promover modificaciones a las leyes federales y locales, así como capacitar a toda la cadena de justicia de los distintos órdenes de gobierno de nuestro país. Estamos obligados a que Arturo y cientos de miles de personas puedan gozar de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, al igual que en cualquier mexicana o mexicano”.
Justicia en México
Actualmente en México 4 de 10 personas privadas de su libertad, ni siquiera cuentan con una sentencia, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así lo presentaron en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020.
Además el mismo estudio demostró que en el 2019, 241 centros penitenciarios del país contaban co una ocupación penitenciaria del 97.7 por ciento.
Es decir, estas personas todavía no reciben una sentencia por diversas condiciones, y su estancia en prisión es mayor.
Otro espectro triste e interesante, en el que valdría la pena poner más atención, son las personas que permanecen en la cárcel porque no hablan el idioma, y no cuentan con un traductor para defenderse, como es el caso de los indígenas.
En México existen cerca de 8,000 indígenas que no hablan español, los cuales están encarcelados, en espera de una sentencia, lo preocupante es que no existen abogados que puedan representarlos, ya que estos no hablan la lengua de las víctimas.
El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 25 abogados y 21 oficiales administrativos dedicados a atender a las personas indígenas, aunque solo hablan 34 lenguas. Y en México existen cerca de 18 millones de indígenas, así como 68 idiomas y 364 variantes. Por lo cual no se dan abasto para poder otorgarles una representación digna que los defienda de las injusticias sociales.
Actualmente existen 8,000 indígenas en prisión que esperan una sentencia. Además, de 6,000 habitantes indígenas, solo existen un defensor federal.
Y aunque hace unos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que abrirían carpetas de investigación para liberar a ancianos que cuenten con alguna enfermedad terminal o bien hayan cometido delitos menores y tuvieran más de 75 años. Así como aquellos presos que hayan sido torturados. Aplicando su famosa promesa de campaña, la “Ley de Amnistía”.
Lo cierto es que México es uno de los países con más población en cárceles, siendo 220 mil 114 personas las que se encuentran privadas de su libertad, y el 43% no tienen una sentencia, lo que representa a 94 mil 557 personas. Esto de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación.
Será necesario que el Gobierno federal miré hacia esos casos y determine su situación legal, y en caso de existir un error, se indemnice a las víctimas, y no solo se reconozca el error públicamente.
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