El Estado ha reconocido que enfrenta una crisis forense y por ello, ha emprendido acciones como la puesta en marcha de los Centro Regionales de Identificación Humana en Coahuila y de San Luis Potosí.
En el nuevo informe sobre el fenómeno en México y sus recomendaciones, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (ONU) resaltó que México se encuentra en una fuerte crisis forense, ya que más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo. Sin embargo, esta cifra no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.
Ahora bien, los estados que concentran el 71.73 por ciento de los cuerpos no identificados son: Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Para el Comité, es evidente la falta de servicios forenses y una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. “Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto, sin duda, requieres de la adopción e implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de la desapariciones. Por esta razón, el Comité urge al Estado a que la policía nacional aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones presentadas en el informe.
“El diseño de la política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición. Debe contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados. Con esta finalidad, deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente que asegure la rendición de cuentas”, se lee en el escrito.
Ante esta deficiencia, el Estado ha reconocido que enfrenta una crisis forense y por ello, ha emprendido acciones como la puesta en marcha de los Centro Regionales de Identificación Humana en Coahuila y de San Luis Potosí; los laboratorios forenses de Sonora; la construcción de panteones forenses en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz; así como la elaboración de registros internos en las Comisión Nacional de Búsqueda sobre fosas clandestinas, contextos de hallazgos, cuerpos recuperados y libros de fosas comunes. Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda también ha iniciado la sistematización de los registros de inhumación en fosas comunes en los panteones de la Ciudad de México, Puebla, Sonora y Veracruz, en donde un 47.2 por ciento de las personas inhumadas no son identificadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en el presente informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente”, se puntualizó al final del mismo.
