Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó este lunes su esperado proyecto de iniciativa para regular redes sociales (fake news), con la intención de recibir comentarios de todos los sectores, incluidos los expertos y los usuarios, antes de presentarla oficialmente en tres semanas.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, partido que controla ambas Cámaras del Congreso, indicó que el Estado “debe genera condiciones para proteger la libertad de expresión y el derecho y acceso a la información”. “Un ente privado no puede privarte de tus derechos”, destacó.
Dicho posicionamiento de redes sociales y Fake News destaca que:
- Se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red
- El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia
- Se afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables
- Se crearía todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas
- Atentaría contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital
- Tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México
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Monreal busca con su iniciativa reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México, para dotar de facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador autónomo mexicano, de facultades nuevas.
La iniciativa de Monreal también precisa que los términos y condiciones que se sometan a autorización del IFT deberán prever que las limitaciones a la libre expresión sean consistentes con los artículos 6 y 7 constitucionales, así como los tratados internacionales en la materia suscritos por México, la legislación nacional y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte (SCJN).
Asimismo, deberán “proteger los derechos de los menores de edad”. Por otra parte, deberán eliminar la difusión de mensajes de odio; evitar la propagación de noticias falsas; proteger los datos personales conforme a la legislación de la materia y “las demás de orden e interés público que establezcan los lineamientos dictados por el IFT.
El documento destaca que se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE (Instituto Nacional Electoral) en materia político electoral, esto, para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia.
#EnVivo He decidido compartir con ustedes mi proyecto de iniciativa sobre redes sociales. Espero sus comentarios para enriquecerla, y poder presentarla en tres semanas. No perdamos de vista el objetivo principal: #RegularNoCensurar https://t.co/dxai3jc1cS
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 8, 2021
Y la Asociación Latinoamericana de Internet manda los puntos preocupantes al senado para que sean considerados.
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Bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Por lo tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada.
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El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados. Lo anterior aunado a que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión.
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La erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables. No se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas.
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La premisa de la que parte la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada. Asimismo, se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
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La necesidad de obtener una autorización en México para la operación de las denominadas como “redes sociales relevantes” atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EUA ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos.
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Aunado a lo anterior, esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia.
Monreal también informó que ya se reunió con los administradores y directivos en México de las redes sociales. “Hemos hecho un compromiso de escucharnos y de intentar mejorar la iniciativa que presentaré. Pero no la abandonaré, no quitaré el dedo del renglón”, concluyó.
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