Según la información proporcionada por el Estado, incluida dentro del informe, al 26 de noviembre de 2021, sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 y 6 por ciento habían sido judicializados.
Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021, estaban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales, 112 desaparecieron durante la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU). En su nuevo informe sobre su visita a México, detalla que este fenómeno sigue afectando más a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable en niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por covid-19.
“Según la información brindada al Comité, entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98% tuvo lugar en dicho periodo. Estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio de Felipe Calderón, que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública”, se lee en el escrito.
De acuerdo con el reporte, las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de conveniencia y diversos grados de participación, arquiescencia u omisión de servidores públicos. Por otra parte, los defensores de derechos humanos, también han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en proceso de búsqueda y de lucha.
“El comité resalta su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos, ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Esa situación constituye una serie amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad de estar informada”, sostuvo.
IMPUNIDAD EN LAS DESAPARICIONES
Según la información proporcionada por el Estado, incluida dentro del informe, al 26 de noviembre de 2021, sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 y 6 por ciento habían sido judicializados y sólo e habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición a nivel nacional. El Comité criticó que a esto se suma, muchas veces, la pasividad de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, “cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público”. Lo anterior, contribuye a la falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas y a la sociedad en conjunto”, señaló.
Aunado a lo anterior, el Comité también expresó su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
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