Luego del despido de varios centenares de empleados de confianza del gobierno federal, la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no contratará a nadie nuevo para ocupar esas plazas.
De acuerdo con un reporte del sitio de noticias Animal Político, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que durante el 2019 no habrá nuevas contrataciones.
Una de las instrucciones principales es congelar las plazas en la administración pública “como medida de austeridad, acorde con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
A partir de un oficio firmado el 7 de diciembre por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, a partir de esa fecha las dependencias “no podrán realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente y contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado”.
Si una dependencia requiere contratar a alguna persona, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas deberá enviar la solicitud “con la justificación en la que se acredite la necesidad de contratar al personal” dirigida al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, y éste responderá en un plazo máximo de cinco días naturales.
Por su parte, para quienes fueron despedidos y “beneficiados con una indemnización”, “no podrán ser contratados nuevamente por un periodo de 12 meses” en cualquier plaza presupuestaria de carácter permanente, eventual o mediante prestación de servicios por honorarios que se encuentren adscritas en cualquier dependencia o entidad agrupada en el mismo sector del que recibieron la indemnización.
Sin embargo, dicha “prohibición no será aplicable en caso de que el servidor público beneficiado reembolse íntegramente el monto de la indemnización que haya recibido”, explica el documento.
Esta decisión también fue informada a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; a la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro y a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez.
Para elegir al personal que está siendo despedido no hay un proceso de análisis para determinar qué plazas y perfiles resultan prescindibles en la operación y los que son necesarios.
En contraste, la administración federal señaló que “derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”.
Se estima que la reducción de empleos en el gobierno fue de 70 por ciento de las plazas de los 318 mil empleados de confianza de la Administración Pública Federal, como lo han venido diciendo los funcionarios del nuevo gobierno durante los despidos colectivos podrían superar 220 mil.
