La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Tras un “exhaustivo procedimiento de responsabilidades”, la SFP determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por omitir cuentas bancarias con un saldo de 18.3 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.
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Alfredo Castillo Cervantes, quien también fuera comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, omitió declarar seis cuentas bancarias, a su nombre y de su cónyuge, en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016.
De acuerdo con la dependencia a cargo de la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la notificación se deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, con la cual se busca prevenir la corrupción.
“Este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”, señaló.
Además, la funcionaria aseguró que entre las nueva ética pública que está construyendo el actual gobierno de México se basa en “la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad”.
Sandoval Ballesteros también destacó que los altos funcionarios deben cumplir con sus obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar.
Conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la omisiòn del extitular de la Conade incurrió en una violación del artículo 8 de la misma en la que se establece la obligatoriedad de presentar estas declaraciones con oportunidad y veracidad.
“Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada”, aseguró la Secretaría en un comunicado.
Para la SFP, este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
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